La transparencia algorítmica como nuevo derecho en Colombia tras fallo de la Corte

La reciente Sentencia T-067 de 2025 de la Corte Constitucional marca un punto de inflexión en la relación entre el Estado colombiano, la tecnología y la ciudadanía. Al reconocer el derecho de acceso al código fuente de aplicaciones gubernamentales utilizadas en la toma de decisiones públicas, el alto tribunal sienta un precedente crucial en materia de transparencia algorítmica, un tema de creciente relevancia para el sector empresarial y la administración pública.

El caso que detonó este fallo, centrado en la aplicación CoronApp durante la pandemia, puso de manifiesto la necesidad de comprender el funcionamiento interno de las herramientas digitales que impactan la vida de los ciudadanos. La decisión de la Corte, al revocar las negativas previas de entidades como la Agencia Nacional Digital (AND), el Instituto Nacional de Salud (INS) y el Ministerio de Salud, subraya que la opacidad en el funcionamiento de los algoritmos estatales no puede justificarse bajo argumentos genéricos de seguridad o propiedad intelectual.

Para el mundo de los negocios, este fallo tiene implicaciones significativas. En un entorno donde la transformación digital es una realidad innegable y la inteligencia artificial (IA) juega un rol cada vez más protagónico, la exigencia de transparencia por parte de la ciudadanía y los entes de control se intensificará. Las empresas que interactúan con el Estado o que desarrollan soluciones tecnológicas para el sector público deberán internalizar la importancia de la explicabilidad y la auditabilidad de sus algoritmos.

La sentencia de la Corte se alinea con tendencias globales, como el Reglamento General de Protección de Datos (Rgpd) de la Unión Europea y también el reciente Reglamento de Inteligencia Artificial, que buscan garantizar que las decisiones automatizadas sean comprensibles y sujetas a supervisión humana. En este contexto, el reciente Conpes 4144, que busca establecer la Política Pública de Inteligencia Artificial en Colombia, adquiere una relevancia aún mayor. El desarrollo de esta Política Pública, deberá incorporar los principios de transparencia algorítmica delineados por la Corte, estableciendo directrices claras para el desarrollo y la implementación de sistemas de IA en el sector público, fomentando así la confianza ciudadana y la innovación responsable.

Las implicaciones prácticas de la Sentencia T-067 de 2025 para las entidades públicas son claras: deberán avanzar hacia la adopción de políticas de publicación de código abierto, establecer mecanismos de supervisión y auditoría algorítmica, y garantizar que sus sistemas digitales sean transparentes y explicables. Esto no solo fortalecerá la rendición de cuentas, sino que también podría fomentar la colaboración y la innovación a través de la revisión y mejora de los sistemas por parte de la sociedad civil y el sector privado.

Sin embargo, este nuevo paradigma también plantea retos importantes. Es fundamental encontrar un equilibrio entre la transparencia y la seguridad digital, asegurando que la publicación del código fuente se realice con las medidas adecuadas para evitar vulnerabilidades y proteger la información sensible. Asimismo, se requiere un marco regulatorio más robusto que defina los límites razonables de la transparencia y establezca los mecanismos para garantizar su cumplimiento.

En definitiva, con la Sentencia se abre un debate crucial sobre el futuro de la gobernanza digital en Colombia. Para el sector empresarial, representa una oportunidad para innovar en el desarrollo de soluciones tecnológicas transparentes y confiables. Para el Estado, implica la necesidad de construir una administración pública más abierta y responsable en el uso de la tecnología. El desafío ahora es traducir este fallo en políticas públicas efectivas que permitan que la inteligencia artificial y los algoritmos sirvan al interés público de manera ética y transparente, fortaleciendo así la confianza y la legitimidad de las instituciones en la era digital.